POLITICAS EDUCATIVAS DE CHILE, ARGENTINA Y MEXICO

POLITICAS EDUCATIVAS: EN CHILE, MEXICO Y ARGENTINA. La educación en América Latina atraviesa grandes cambios buscando esta como una herramienta para ayudar a esta zona del mundo a culminar su desarrollo y así poder mejorar la calidad de vida de sus habitantes; sin embargo enfrenta grandes barreras para asentar una educación generadora de cambios. El problema de la calidad educativa, está en todos los discursos actuales la Directora del Centro de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico en México, Blanca Herrera Rubio, “coincidió en que el punto central como factor de desarrollo no es sólo la educación, sino su calidad, más que la cantidad” (Peraza cita a Criterios, 2007, p.1). Además los Organismos internacionales como la OCDE y el Banco Mundial, suelen tomar como ejemplos para sus propuestas, experiencias exitosas realizadas por países desarrollados para normar criterios de acción dentro de los países subdesarrollados, en la mayoría de los casos, sin tomar en cuenta las situaciones político-históricas por las que han transitado los sistemas educativos latinoamericanos, esto suele ser un gran problema ya que cada país o región tiene sus características particulares que regulan la forma de vida de sus habitantes y lo que para un país puede ser benéfico puede no serlo tanto para otro. Ante el fracaso de las políticas educativas orientadas a la capacitación y profesionalización de los maestros, actualmente existe cada vez más la idea de la formación como solución al problema, es decir tener una educación que forme individuos y no que los eduque empezando desde los profesores quienes son los encargados de aterrizar las políticas educativas, tal como C. Marcelo citado por Peraza. Nos dice “las estructuras y procesos que facilitan el aprendizaje toman el nombre de “formación”. En otro tiempo uno se formaba para toda una vida, hoy día nos pasamos la vida formándonos”. Tomando en cuenta estas dos vertientes (la problemática de una educación igual para toda Latinoamérica y la de una educación formativa) podemos pensar, que el tiempo de cambio ha llegado para la escuela mexicana, no podemos seguir creyendo que nuestra escuela proporciona los conocimientos necesarios para la vida además de que expone a nuestros ciudadanos a la indefensión ante el avasallante desarrollo producido en los sistemas de otros países educativos, que bien que mal, están haciendo un esfuerzo para integrase a los nuevos modelos sociales. Entonces ¿Qué políticas educativas le convienen a América Latina? Según a mi manera de ver y de pensar son necesarias políticas de inclusión en las cuales toda la sociedad esté tomada en cuenta para apoyar a la educación desde padres de familia, maestros empresarios gobierno etc. Lo que implica que la escuela deje de seguir caminos específicos y empiece a tomar objetivos generales que beneficien a la comunidad en general y por consecuencia a la nación. A continuación veremos qué políticas educativas han adoptado tres de los principales países latinoamericanos tales como Chile, Argentina y México. CHILE. El caso de Chile, Enfrentado a la crisis de los setentas, el régimen se ve obligado a implementar una serie de reformas que disminuyan la carga económica del Estado en rubros de educación gratuita, al dar un servicio público desde el ámbito privado --en este caso del sistema educativo--, y de seguir las políticas de descentralización para mejorar el desempeño (OCDE citada por Peraza). El sistema educativo chileno de educación está organizado, según Jesús Redondo (2007, pp. 1-99), de la siguiente manera: a. Educación preescolar: hasta los cinco años de edad, no obligatoria b. Educación básica de 8 años de duración, obligatoria c. Educación media de 4 años no obligatoria, con dos salidas: científico humanista y técnico profesional. d. Educación superior La Constitución Política de Chile de 1980, el Estado se apega a los principios del liberalismo –Estado vigilante— y pasa a asumir una relación subsidiaria con respecto a la educación, al afirmar en el Artículo 10 del Capítulo III (de los deberes y derechos), que son los padres los responsables de la educación de los hijos –tienen el derecho y el deber--, y la comunidad tiene el deber de contribuir al desarrollo y perfeccionamiento de la educación. En el Artículo 11, refuerza el principio de subsidiaridad al declarar que: “los establecimientos escolares son formas de organización intermedia de la sociedad que actúan bajo el principio de la libertad de enseñanza, afirmando el derecho de los particulares a abrir, organizar y mantener establecimientos educacionales teniendo como únicas limitantes las impuestas por la moral, las buenas costumbres, el orden público y la seguridad nacional (Redondo citado por Peraza)”. En 1990 (marzo), se publica la Ley Orgánica Constitucional de Enseñanza (LOCE Ley 18.962) que mercantiliza el sistema educativo bajo los siguientes principios: • Otorga la libre elección de escuelas a los padres de familia • Introduce el voucher como instrumento de mercado que privilegia la demanda • Descentraliza, municipalizándolo, el sistema educativo • Autoriza a los establecimientos educativos subvencionados a seleccionar alumnos. • Autoriza a los establecimientos educativos a fijar sus planes y programas de estudio con aprobación del Ministerio de Educación y según sus lineamientos. • Crea el Sistema de Medición de la Calidad (SIMCE) de la Educación. • Abre a la sociedad civil el sistema escolar al determinar que el sostenedor de una escuela subvencionada deberá tener sólo personalidad jurídica y educación media para hacerse acreedor a una subvención. El modelo educativo chileno (preescolar, básico y medio), es un sistema descentralizado según las recomendaciones de los organismos internacionales (OCDE), que se divide en cuatro rubros, que para su financiamiento se dividen también en subsidiados y pagados: 1. Municipalizado (subsidiado) 2. Particular subvencionado (subsidiado) 3. Particular pagado, no subvencionado (pagado por los padres, con exenciones fiscales) 4. Corporativo (de corporaciones) dirigido a enseñanza media, en particular a la formación de técnicos profesionales. Sin embargo, según Assaél, el proceso de reforma chileno no ha sido el mismo. Desde su inicio, a mediados de los noventas con el Presidente Frei y el fin de la dictadura, se buscan nuevos espacio educativos acordes al fin del proyecto neoliberal. En 1996 surge el Programa de Mejoramiento de la Educación, vinculado a las recomendaciones de la CEPAL-UNESCO, con énfasis en lo social, que establecían políticas educativas centradas en (p.12): a. La calidad (medida por el SIMCE) b. La equidad (para la atención de grupos vulnerables y vía proyectos que compiten entre sí por institución escolar). c. La escuela (delegando en la escuela la responsabilidad de los resultados educativos). A pesar de las reformas y en forma general, podemos caracterizar el sistema educativo chileno citando a Redondo que nos afirma que: En términos generales, para explicar el funcionamiento y las complejidades del sistema educativo chileno, señalaremos que la combinación de los elementos administrativos, financieros y pedagógicos ha constituido un cuasi mercado educacional en donde diversos oferentes compiten por proveer el servicio educativo demandado por las familias. Los resultados no han sido muy alentadores, y así en el 2000, vistos los resultados mínimos de las reformas, se decidió una nueva batería de políticas encabezada por la obligatoriedad de una educación básica de 12 años y una reorganización de la institución escolar. Tal vez sea por esto, que a partir de la primavera de 2006 el sistema político entra en crisis por la protesta masiva de estudiantes secundarios --más de 120,000 estudiantes tomaron las calles— de mayo de 2006, siendo sus exigencias principales según el FLAPE (junio de 2008): “la devolución de los establecimientos escolares al Estado para garantizar el derecho a la educación de calidad para todos y la revisión de problemas de implementación de la Jornada Escolar Completa”. A partir de este movimiento se inicia la discusión de una nueva Ley General de Educación (LGE) que busca corregir las fallas de la ley anterior (LOCE) y cuya versión final fue acordada –entre parlamento y gobierno-- en noviembre de 2007. En general y después de nuevas protestas y un sinfín de conflictos, la OEI menciona que según la presidenta Bachelet, entre los cambios destacables de la ley ya estructurada por el ejecutivo en abril de 2009, y enviada al parlamento, estarían: * No discriminación: Si bien, la Mandataria había manifestado que hasta sexto básico, se aplicarían los criterios y condiciones de no discriminación y no selección en los establecimientos educacionales, ahora se planteó que fuera hasta octavo básico. Así se aseguraría la igualdad de oportunidades para todos y todas. A su vez, el Estado velará por la igualdad de oportunidades y la inclusión educativa. * Consejo: Creación del Consejo Nacional de Educación que reemplazará al antiguo Consejo Superior de Educación, creado durante el régimen militar. El nuevo consejo representativo (de todos los actores del sistema escolar, con una clara vocación por escuchar la voz de la sociedad) estará a cargo de definir el currículo, los estándares de calidad y la evaluación de los distintos sectores educativos. En su conformación se privilegiará la excelencia estableciendo altas exigencias de experiencia y de profesionalismo a sus miembros. Considera la elección de premios nacionales en distintas disciplinas aplicadas en los campos de la educación, representantes del sistema, docentes destacados o administradores. Es parte de una composición nueva, una mezcla de miembros o académicos de la educación superior con miembros del sistema escolar. * Sostenedores: Sólo podrán ostentar el cargo de sostenedor aquellas corporaciones municipales o fundaciones sin fines de lucro. Se fijará un plazo de cuatro años para que las entidades que actualmente tienen reconocimiento oficial puedan adecuarse a las nuevas exigencias. * Nuevas exigencias: Giro único educacional y los sostenedores deberán demostrar que están entregando una educación de calidad, junto con rendir una cuenta detallada (en el caso de los establecimientos subvencionados) del uso de los fondos públicos. Entre sus aportaciones estarían: • Regula el sistema escolar, entregando reglas claras para asegurar un servicio educativo de calidad para todos los niños, independiente de su condición social, económica, cultural o territorial. Establece claramente las condiciones y requisitos para la entrega del servicio educativo. • Establece derechos y deberes para todos los actores del sistema educativo y genera condiciones para una participación activa de todos ellos en el proceso educativo. • Equilibra el derecho a la libertad de enseñanza y a recibir educación de calidad. Los padres pueden escoger y acceder sin discriminación al establecimiento de enseñanza para sus hijos, y existe la libertad para abrir, organizar y mantener establecimientos educacionales. • Se generarán los mecanismos para contar con sistemas de evaluación de calidad de la educación de acuerdo a estándares que se definan nacionalmente. Además se deberán generar los apoyos técnicos y pedagógicos necesarios para mantener procesos de mejora continua en los establecimientos educaciones. • Promueve la transparencia del sistema educativo, exigiendo la publicación y libre acceso a la información respecto a proyectos educativos, resultados académicos, evaluaciones docentes y recursos financieros. Entre las diferencias con la vieja ley estarían: • La antigua LOCE carece de legitimidad democrática en su origen y objetivos. La nueva Ley recoge los avances y aspiraciones democráticas de un Chile moderno e inclusivo. • La LOCE fue pensada en función del problema del acceso a las escuelas. La nueva Ley responde a los actuales desafíos de lograr más calidad para todos. • La nueva Ley se hace cargo de un mundo en trasformación acelerada: sociedad del conocimiento, globalización, nuevas tecnologías. La LOCE lo ignora. • La LOCE se quedaba a medio camino en el rol del Estado y la necesidad de regulación pública. La nueva Ley, sin afectar la garantía de la libertad de enseñanza, fortalece el rol fiscalizador del Estado, basándose en políticas e instrumentos claros y transparentes propios del siglo XXI. • La LOCE es una ley pragmática y parca en principios y valores. La nueva Ley tiene densidad cultural y valórica, al consagrar principios, valores y objetivos ricos en sentidos. • La LOCE de 1990 era simplista al tener como referente sólo los tres grandes niveles de educación: básica, media y superior. La nueva ley supone un sistema educativo más complejo y a la vez más flexible. Hace justicia a la educación parvularia como nivel, a las modalidades de educación de adultos y especial, a las formaciones diferenciadas humanístico-científica, técnico-profesional y artística. • La LOCE era miope respecto a la diversidad. La nueva Ley la reconoce y la atiende. • La Ley de 1990 era una normativa relativa a la Enseñanza. La nueva Ley recupera el concepto más integral de Educación. Sus principios serían: • Universalidad y educación permanente. La educación debe estar al alcance de todas las personas a lo largo de toda la vida. • Calidad de la educación. La educación debe propender a que todos los alumnos, independiente de sus condiciones y circunstancias, alcancen los estándares de aprendizaje que se definan de acuerdo a la ley. • Equidad del sistema de enseñanza. El sistema propenderá a la integración e inclusión de todos los sectores de la sociedad, estableciendo medidas de discriminación positiva para aquellos colectivos o personas que requieran de protección especial. • Participación. Los miembros de la comunidad educativa tienen derecho a ser considerados en el proceso educativo y en la toma de decisiones. • Responsabilidad. Todos los actores del proceso educativo deben ser evaluados y rendir cuenta pública respecto de sus logros educativos. • Articulación del sistema educativo. Las personas pueden entrar o salir de él, o cambiarse de modalidad, progresando en el sistema. • Transparencia de la información del conjunto del sistema educativo, incluyendo el de los resultados académicos. • Flexibilidad. El sistema debe permitir la adecuación del proceso a la diversidad de realidades y proyectos educativos institucionales.(OLPED-OEI, 2009 Citada por peraza). Todo lo anterior, hace que Chile esté en un momento coyuntural en lo que respecta al futuro de su sistema educativo, y es de esperarse que la solución, cualquiera que ésta sea, no logre el consenso deseado por el gobierno actual, lo que daría pie a una inestabilidad social y programática en el corto y mediano plazo y prolongaría la búsqueda de una solución a la crisis de su sistema educativo, que es muy probable que se prolongue durante largo tiempo, a pesar de ser el país que ha fungido como el ejemplo que la Comunidad Financiera Internacional le ha puesto a Latinoamérica, en la búsqueda de un modelo educativo de calidad, que contribuya a la disminución de la inequidad y la pobreza en nuestra región. ARGENTINA. El caso de Argentina, es similar en cuanto a muchas de las reformas implementadas y en el conflicto social que ha desembocado en la creación de una nueva Ley Educativa. Reasignar el gasto público y limitar la intervención del Estado hacia la atención de los más pobres, limitando en muchos casos la acción del Estado en el ámbito educativo, cumpliendo una labor subsidiaria, dejando que la sociedad civil se haga cargo de la educación y privatizando de varias formas el sistema de educación pública fuen una de las políticas educativas adoptadas por este país Sudamericano Desde la óptica anterior, podemos observar que la Constitución o Reforma Constitucional de 1994 en Argentina, en el Art. 75, inciso 19, nos dice que mantiene su oferta educativa de carácter gratuito, en condiciones de igualdad y sin discriminación, pero bajo una interpretación propia del principio de equidad acorde a la de los organismos internacionales, que entienden el concepto bajo el principio de que, es inequitativo que los pobres financien la educación de los ricos con sus impuestos y que quienes tienen lo necesario para pagar su educación lo hagan, además de relativizar el principio de gratuidad educativa por parte del Estado, y dar pie a una educación diferenciada, o sea, no equitativa ni igualitaria. El gobierno de Kirchner inicia en 1994 un proceso de regularización de la situación educativa, vía una mayor certidumbre jurídica, comenzando con la Ley 25.864, la que buscó resolver el problema de las deudas y los atrasos crónicos en el pago de los salarios docentes, con apoyo del Poder Ejecutivo Nacional, quien se hace solidario para el pago de los adeudos. Además, fija un mínimo de 180 días de clase en un entorno de gran dispersión de criterios a nivel provincial. La Ley 26.058 de Educación Técnico Profesional, modalidad que estaba considerada como un régimen especial fuera del sistema educativo y por tanto, cargaba viejos vicios y estaba descontextualizada con respecto a las necesidades laborales del país. La Ley 26.075, de Financiamiento Educativo, que compromete un crecimiento progresivo del gasto en educación –hasta el 6% del PIB en 2010-- y de mejora en la aplicación del presupuesto fijando las atribuciones de cada nivel, mediante convenios que fijan sanciones por incumplimiento y obligan al gobierno central a tomar medidas complementarias para su logro –como la retención de partidas presupuestales--, además de explicitar el lugar donde se obtendrán los recursos para lograr las metas de financiamiento fijadas. Otro punto relevante, es que fija una mejora de las condiciones laborales y salariales del personal docente, estableciendo que el mayor incremento en el gasto estará dedicado a este rubro, además de incrementar la contratación de este personal. Restablece la Ley 24.016 o Ley Nacional de Jubilación Docente, que fue derogada en 1995, traspasando los fondos de las Administradoras de Fondos de Jubilaciones y Pensiones –privadas— al Sistema de Repartos Generales, lo que garantiza la sustentabilidad de las aportaciones de los docentes. La nueva Ley Nacional de Educación Argentina, se aprobó el 14 de diciembre de 2006, numerada como Ley 26.206 que hace de la educación un “derecho social” explícitamente, y anuncia una serie de derechos de las que el Estado se hace “garante” para impulsar un esquema de justicia social para todos. Algunos de los puntos suscritos por la nueva Ley de Educación Nacional serían: educación de calidad con equidad, gasto público orientado hacia la inclusión educativa de los más pobres, asegurar condiciones de igualdad sin discriminación alguna, acceso universal y condiciones de egreso para todos, gratuidad educativa de los servicios educativos proporcionados por el Estado, asunción de los Derechos de Protección Integral de los Derechos de los Niños, Niñas y Adolescentes; En forma general, tenemos que otros objetivos de la Ley serían: • lograr la inclusión en el sistema educativo de niños desde los 3 y 4 años, 13 años de escolaridad obligatoria, • la inclusión en el sistema educativo de la educación especial, • toda educación primaria (9 años) a jornadas de tiempo completo o de horario extendido, hacer universal el nivel medio o secundario, • fortalecer la educación de jóvenes y adultos buscando erradicar el analfabetismo, • mejorar la calidad del sistema educativo nacional con cambios en los modelos pedagógicos, • introducir el manejo de las TIC y una segunda lengua extranjera al sistema educativo, • fortalecer la educación técnica y de formación profesional mediante mayor inversión en equipo y mejoramiento de centros educativos, • promover la carrera docente como base para el incremento salarial, etc. En forma específica, lo más relevante de la nueva ley lo veríamos de la siguiente forma: 1. Integra los tratados internacionales en torno al derecho a enseñar y aprender (Art. 1) 2. Declara que la enseñanza es un bien público (Art 2) y una política de estado (Art. 3) 3. Consolida la unidad educativa nacional (Art. 5) 4. Mantiene la descentralización municipal y acepta la gestión de instituciones confesionales, cooperativas, privadas y de gestión social (Art. 6, 13 y 14) 5. Determina que el presupuesto educativo no será inferior al 6% del PIB (Art. 9) 6. Prohíbe la suscripción de tratados comerciales internacionales que conciban a la educación como una actividad de lucro (Art. 10) 7. Hace de la participación democrática un derecho de docentes y estudiantes dentro de la institución.(Art. 11) 8. Tiene como fin la calidad educativa (Art. 11) 9. Tiene como fin la Educación Ciudadana (Art. 11) 10. Fortalece la multiculturalidad (Art 11) 11. Tiene como fin la no discriminación (Art 11) 12. Hace vigentes los derechos de los niños (Art 11) 13. Establece la gratuidad en todos sus niveles (Art. 11) 14. Introduce el modelo de competencias (limitado y sin claridad) (Art. 11). 15. Atención específica a discapacitados, y grupos desfavorecidos (Art 11) 16. Promueve la sexualidad responsable y el combate a la drogadicción 17. Hace obligatoria 13 años de educación desde los 5 años de edad y hasta la educación secundaria –bachillerato en México— (Art. 16). 18. Hace a las escuelas primarias de jornada completa (9 años) (Art. 28) 19. Establece 25 horas a la semana el mínimo de horas clase (Art. 32) 20. Se crea la Educación Rural (Cap. 10 y Arts. 49, 50 y 51) 21. Se crea la Educación Intercultural Bilingüe (Cap. 11, Arts. 52, 53 y 54) 22. Se crea la Educación en Contextos de Privación de la Libertad (Cap. Xll) 23. Se crea la Educación Domiciliaria y Hospitalaria (Cap. Xlll) 24. Se determina que los docentes de escuelas privadas tendrán un régimen salarial mínimo que las equipare a las públicas (Art. 64) 25. Se establece el apoyo financiero a los salarios docentes de los establecimientos de gestión privada con la aprobación de la jurisdicción competente (Art. 65) 26. Se establece que la estabilidad en el cargo docente está sujeto al desempeño de acuerdo con la norma vigente. (Art 67) 27. Se autoriza la negociación salarial colectiva (Art. 68) 28. Se implementa la Carrera Docente basada en la formación continua (Art 69) 29. Se establecen políticas de promoción a la igualdad educativa (Título V ) 30. Se hace obligatoria la enseñanza de un idioma extranjero en primaria y secundaria (Art 87) 31. Se hace obligatorio el manejo de las TIC para alumnos docentes y comunidad escolar (Art. 11, 88, y 102) 32. Se establece la educación ambiental (Cap. lll Art 89) 33. Se crea un Capítulo que regula a la Institución Educativa, donde se promueve su autonomía y autogobierno con vinculación a su comunidad y donde se hace obligatoria la gestión democrática con participación de estudiantes y maestros en el gobierno de la institución. (Cap. V Art 123) 34. Se reconoce la participación de los padres de familia aunque sólo en la participación de actividades no en el gobierno de la institución (Cap. Vll) MEXICO En México, en el presente sexenio, el Presidente Calderón impulsa junto con el SNTE el que sería su proyecto de renovación y reforma para subsanar la baja calidad del sistema educativo y revertir los malos resultados de las evaluaciones internacionales en materia educativa, la última de las cuales, el Segundo Estudio Regional Comparativo y Explicativo (SERCE) --, apenas fue publicado en junio del año de 2008--, evaluación que nos pone por debajo de países como Argentina, Chile y Brasil. La transformación educativa, planteada en el Plan Nacional de Desarrollo 2007-2012, junto con los objetivos señalados en el Programa Sectorial de Educación 2007-2012 (Prosedu), han sido considerados para dar sentido y ordenar las acciones de política pública educativa en el México de las próximas décadas. Con base en el artículo tercero constitucional y las atribuciones que le otorga la Ley General de Educación, la Secretaría de Educación Pública propuso, como objetivo fundamental del Prosedu, “elevar la calidad de la educación para que los estudiantes mejoren su nivel de logro educativo, cuenten con medios para tener acceso a un mayor bienestar y contribuyan al desarrollo nacional” (SEP, 2009; P 5) La principal estrategia para la consecución de este objetivo en educación básica plantea “realizar una reforma integral de la educación básica, centrada en la adopción de un modelo educativo basado en competencias que responda a las necesidades de desarrollo de México en el siglo XXI” (SEP, 2009; P 5), con miras a lograr mayor articulación y eficiencia entre preescolar, primaria y secundaria. Por su parte, la Alianza por la calidad de la educación, suscrita en mayo del 2008 por el Gobierno Federal y el Sindicato Nacional de Trabajadores de la Educación, establece en relación con la formación integral de los alumnos para la vida y el trabajo, el siguiente acuerdo: Impulsar la reforma de los enfoques, asignaturas y contenidos de la educación básica, con el propósito de formar ciudadanos íntegros capaces de desarrollar todo su potencial (SEP, 2009; P 5). Uno de los ingredientes centrales, más no único, de esta reforma integral es la articulación curricular entre niveles; en el mismo Prosedu se establece: “Los criterios de mejora de la calidad educativa deben aplicarse a la capacitación de profesores, la actualización de programas de estudio y sus contenidos, los enfoques pedagógicos, métodos de enseñanza y recursos didácticos”. En este marco, la Subsecretaría de Educación Básica, entre otras acciones, diseñó la presente versión del Plan y Programas de Estudio para Educación Primaria, mismo que será aplicado en una primera etapa de prueba en aula en 5 000 escuelas de las distintas modalidades, tipos de servicio y organización, durante el ciclo escolar 2008-2009. En esta primera etapa de prueba el currículo se aplicará sólo en 1º,2º, 5º y 6º grados; durante el ciclo 2009-2010 se pondrán a prueba los programas para 3º y 4º grados, y al mismo tiempo se aplicarán de manera generalizada en todo el país los cuatro anteriores. La generalización de 3º y 4º grados se llevará a cabo durante el ciclo escolar 2010-2011. El seguimiento que se hará trabajo en el aula durante la etapa de prueba permitirá realizar los ajustes necesarios al currículo y a las estrategias de actualización, ya que las evidencias que se recaben proveerán información valiosa respecto a la pertinencia de los contenidos, su organización, su articulación con los niveles adyacentes (primaria y secundaria) y acerca de los enfoques para su enseñanza; asimismo, proveerá información sobre los apoyos que requieren los maestros para desarrollar las competencias y los aprendizajes esperados; además, mediante las estrategias de seguimiento se conocerán las implicaciones que tiene la nueva propuesta curricular en la organización escolar. Esta información permitirá valorar curricular y pedagógicamente la propuesta e incorporar los cambios necesarios antes de su generalización en todas las escuelas primarias. De esta manera se podrá atender con mejores recursos la generalización de la reforma curricular en todas las escuelas primarias del país. Para la renovación de este currículo y su articulación con el de los niveles adyacentes (preescolar y secundaria) se recurrió a algunos insumos fundamentales e indispensables: el Plan de estudios 2004 de educación preescolar y el Plan y los Programas de estudios de educación secundaria 2006; los análisis, documentos y estrategias que los hicieron posibles; la experiencia que los equipos técnicos de la Subsecretaría de Educación Básica han acumulado al respecto; la participación de los Consejos Consultivos Interinstitucionales, los resultados de reuniones con profesionales de diversas instituciones públicas y organizaciones ciudadanas. Aunado a lo anterior, y durante la etapa de prueba, se desplegarán e impulsarán diversos mecanismos que promuevan la participación de maestros y directivos de todo el país, de los equipos técnicos estatales responsables de coordinar el nivel, y de especialistas en los contenidos de las asignaturas que conforman el plan de estudios. Desde luego, la Reforma Integral de la Educación Básica, y en particular el proyecto de articulación curricular, requieren la construcción de consensos sociales; es decir, someter el currículo a la opinión de diversas instancias sociales y académicas, organizaciones de la sociedad civil, docentes, directivos, madres y padres de familia. Este proceso se realizará en coordinación con las autoridades educativas estatales y las representaciones sindicales de los trabajadores en cada entidad, para lograr a los consensos necesarios que impulsen una educación básica articulada, que garantice una formación de calidad de las futuras generaciones. La Secretaría de Educación Pública reconoce que para el cumplimiento de los propósitos expresados en un nuevo plan y programas de estudio se requiere afrontar añejos y nuevos retos en nuestro sistema de educación básica. Añejos, como la mejora continua de la gestión escolar, y nuevos, como los que tienen su origen en las transformaciones que en los planos nacional e internacional ha experimentado México en los últimos 15 años: aparición de sensibles modificaciones en el comportamiento demográfico, exigencia de una mayor capacidad de competitividad, sólidos reclamos sociales por servicios públicos eficientes y transparentes, acentuada irrupción de las tecnologías de la información y la comunicación en diversas actividades productivas y culturales, entre otros. En este contexto, para favorecer el logro de los propósitos señalados se diseñarán diversas estrategias y acciones: la actualización de los maestros; el mejoramiento de la gestión escolar y del equipamiento tecnológico, así como el fortalecimiento y la diversificación de los materiales de apoyo –recursos bibliográficos, audiovisuales e interactivos. El diseño y la puesta en función de un nuevo currículo es un factor fundamental en la transformación de la escuela; sin embargo, la Secretaría de Educación Pública reconoce que éste es únicamente un paso para avanzar hacia la calidad de los servicios. Por ello, en coordinación con las autoridades educativas estatales, brindará los apoyos necesarios a fin de que los planteles, directivos y docentes cuenten con los recursos y las condiciones necesarias para realizar la tarea que tienen encomendada y que constituye la razón de ser de la educación básica: brindar, en todo México, a quienes estén en edad escolar, oportunidades formales para adquirir, desarrollar y emplear los conocimientos, las competencias, las habilidades y los valores necesarios, no sólo para seguir aprendiendo a lo largo de su vida, sino para enfrentar los retos que impone una sociedad en permanente cambio, desempeñarse de manera activa y responsable consigo mismos y con la naturaleza, ser dignos miembros de su comunidad, de México y del mundo, y para que participen activamente en la construcción de una sociedad más libre y democrática pero, sobre todo, más justa. Este impreso se compone de ocho apartados, en el último de ellos se presentan de manera específica los programas de estudio y la guía de actividades de un grado. En el apartado inicial se analiza a la educación básica en el contexto nacional e internacional, en el segundo se exponen los principales retos identificados que el país tiene para ofrecer educación de calidad, en el tercero se describen los elementos centrales que se consideraron para definir el nuevo currículo de educación primaria, en el cuarto se define qué se entiende por articulación de la educación básica, en el quinto se presenta el perfil de egreso de la educación básica –en el que se plasma la aspiración del Estado mexicano respecto al tipo de ciudadano que se espera formar a lo largo de la educación básica–, en el sexto se refieren cuatro características que son sustantivas en este nuevo plan de estudios: la atención a la diversidad, la importancia de la interculturalidad, el énfasis en el desarrollo de competencias y la definición de los aprendizajes esperados en cada grado y asignatura, así como la incorporación de temas transversales, es decir, temas que se abordan en más de un grado y asignatura. En el apartado siete se presenta la estructura del mapa curricular de la educación básica; de manera específica, el de educación primaria y la organización de las asignaturas que lo integran. Finalmente, el apartado ocho describe los propósitos, el enfoque y las orientaciones generales de cada asignatura, y de manera particular la propuesta curricular correspondiente al quinto grado, así como los aprendizajes esperados y las sugerencias didácticas que orientan el trabajo de las maestras y los maestros. Bibliografía otorgada por el profesor armando Peraza y el plan y programas de educación básica 2009.